Para recibir dinero público u optar por licitaciones, se imponen exigencias en la inclusión de componentes de fabricación europea: a los seis meses de la aprobación de la norma el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE.
Tras numerosos retrasos, presiones de sectores industriales y de las capitales por los diferentes intereses económicos que defiende cada país, la Comisión Europea ha lanzado este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) que introduce requisitos “específicos y proporcionados” de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones de carbono para poder acceder a la contratación pública y conseguir apoyo público. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. También es “proteger a las empresas europeas de la competencia desleal”, especialmente de China, y fortalecer al sector industrial frente a la caótica política comercial de Donald Trump. Por ejemplo, para acceder a ayudas públicas o licitaciones a los seis meses de la aprobación de la norma el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE, mientras que a los tres años de la Ley en vigor, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas. “Ante una incertidumbre global sin precedentes y una competencia desleal, la industria europea puede confiar en las disposiciones de esta Ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos. Creará empleo al orientar el dinero de los contribuyentes hacia la producción europea, reduciendo nuestras dependencias y fortaleciendo nuestra seguridad y soberanía económica”, ha explicado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial en la Comisión Europea. La IAA afecta a la industria manufacturera, pero toca especialmente a los sectores de uso intensivo de energía, toda la cadena de valor del automóvil y las tecnologías de cero emisiones. De esta manera, se introducen requisitos de bajas emisiones de carbono para el acero utilizado en la automoción y la construcción, mientras que los criterios de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones se aplican al cemento empleado en la construcción y al aluminio utilizado en la automoción y en la construcción, cuando estén sujetos a contratación pública u otras formas de intervención pública. En el caso de las tecnologías de cero emisiones, la Ley establece requisitos de “Hecho en la UE” para baterías, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, energía solar fotovoltaica (PV), bombas de calor, energía eólica, electrolizadores y tecnologías nucleares, cuando estén sujetos a determinados procedimientos de contratación pública, subastas y regímenes de apoyo. Asimismo, introduce disposiciones de “Hecho en la UE” para los vehículos eléctricos (VE) y sus componentes.
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