España y otros seis Estados miembro han reclamado mantener las actuales exigencias de reducción de emisiones para coches y furgonetas en la Unión Europea y han advertido contra nuevas flexibilidades que puedan ralentizar la transición hacia el vehículo eléctrico y debilitar las inversiones realizadas por la industria automovilística europea.
En un documento conjunto, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia sostienen que cualquier margen adicional para que los fabricantes cumplan los objetivos de CO2 debe seguir siendo «estrictamente limitado», estar condicionado a esfuerzos industriales y medioambientales concretos, destinados a «acelerar la descarbonización de la movilidad» dentro la UE, y no poner en riesgo la señal de inversión hacia la electrificación.
Los siete países defienden que la electrificación del transporte se ha convertido en una cuestión que va más allá de la política climática y la vinculan directamente con la seguridad energética europea, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y la inestabilidad geopolítica.
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