Pensando en el escenario post-Covid-19, el Gobierno quiere resucitar los Pactos de la Moncloa y el sur de la UE reclama al norte la mutualización de la deuda con el lanzamiento de coronabonos, en ambos casos sin mucho éxito. En la UE todos están de acuerdo en que la recuperación de la economía tras la pandemia debe impulsar la lucha contra el calentamiento global -los líderes reclamaron en su última reunión «una inversión sin precedentes» en transición verde-, pero se antoja difícil, si no hay acuerdo a corto plazo. De momento, España ha adelantado la tramitación del Plan del clima, vinculado a 241.000 millones de inversión, y Bruselas ha lanzado una consulta pública para incrementar los objetivos climáticos de la UE para 2030. ¿Será suficiente? ¿Qué se necesita?
Los análisis macroeconómicos indican que la pandemia provocará una reducción del PIB global del 4% en 2020, que en España puede ascender al 10% por la estructura productiva, muy dependiente del turismo. Para salir de la debacle económica, los estados aplicarán una estrategia en varias fases, de acuerdo con la experiencia acumulada en ocasiones anteriores, como la crisis de 2008.
En una primera fase se tratará de estabilizar la situación, con estímulos económicos de urgencia y liquidez que minimice la destrucción del tejido productivo. Aquí se engloba el paquete de 200.000 anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez -117.000 millones serán públicos-, que ve la luz con cuentagotas, así como otras medidas adoptadas por las instituciones de la UE, como los 25.000 millones en avales del BEI, los 750.000 millones para comprar deuda pública y privada del BCE, o el fondo contra el desempleo de 100.000 millones que ha lanzado la Comisión.
Una vez superado el encierro, habrá que devolver la economía a la normalidad, y lo más probable es que haya que aplicar estímulos fiscales y paquetes de rescate para sectores concretos -piensen en la aviación- e incluso países enteros, dependiendo de cómo evolucionen las economías. Prácticamente seguro, los estados tendrán que lanzar planes masivos de inversión -por eso ahora se recuerda al Plan Marshall- para generar empleo y reactivar la economía.
Es en esta segunda fase donde cobran importancia la mutualización de la deuda europea -los llamados coronabonos-, porque permitirían que los estados del sur se endeudaran a menos coste a la hora de financiar sus planes masivos de inversión. No obstante, Alemania y Holanda ya han dicho que no están de acuerdo en dar ese paso, que se debate hoy en la reunión del Eurogrupo.
«Inversión sin precedentes»
A pesar de estos desencuentros, en la última reunión del Consejo Europeo -la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE-, los dignatarios reclamaron, frente al coronavirus, «una estrategia coordinada de salida, un plan de recuperación integral y una inversión sin precedentes», donde la transición verde y la transformación digital sean los dos elementos clave. Y emplazaron a la Comisión y a otras instituciones comunitarias, como el BCE, a que trabajen en una Hoja de Ruta para hacerlo una realidad.
La apuesta por lo verde para salir de la crisis del Covid-19, es uno de los mantras actuales de la alta política; el problema del calentamiento global no ha desaparecido y la ONU al FMI han incidido en ello recientemente, aunque haya sido necesario retrasar un año la próxima Cumbre del Clima (COP 26), en Reino Unido, y ello ralentizará la materialización de los planes climáticos de los distintos países.
Ahora bien, el desafío es ingente. Siguiendo con la comparación con la crisis de 2008, en aquel momento, según los datos de la European Climate Fundation, las inversiones consideradas verdes fueron alrededor del 16% del total, con grandes diferencias entre estados: un 80% en Corea del Sur, cerca de un 60% en una UE -que destinó más bien poco-, un tercio en China y un 12% en EEUU; la mayoría sirvieron para disparar la implantación de renovables y apoyar fórmulas de eficiencia energética intensivas en empleo, como la rehabilitación de edificios. En esta ocasión, debería ser muy superior. ¿Estamos preparados?
España adelanta el Plan de Clima
España debería haber remitido en enero a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PINEC), el documento con la senda del país para reducir un tercio sus emisiones de CO2 actuales en 2030, ligado a una inversión de 241.000 millones, el 20% de carácter público. La obligación de someterlo a una evaluación ambiental estratégica lo impidió y no ha sido hasta la semana pasada cuando el Gobierno se lo envió a la Comisión, sin esperar a que concluyera la fase de información pública.
A Greenpeace y otras asociaciones ecologistas no les hizo gracia el adelanto, porque consideran que se ha eludido la obligación de garantizar la participación pública. A Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, por el contrario, consideró que era «una acertada decisión de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, para no demorar su tramitación por el parón administrativo».
Galán pensaba en tener cuanto antes la luz verde para movilizar los recursos vinculados al PNIEC, y materializar cuanto antes su impacto sobre la economía: un aumento del PIB del 1,8% y la creación de 250.000 a 350.000 empleos netos, entre otros efectos positivos, como una reducción de la mortalidad provocada por la contaminación del 27%.
La UE quiere aumentar su ambición ambiental
De un modo paralelo, también la semana pasada, Bruselas lanzó una consulta pública para aumentar la ambición de los objetivos climáticos de la UE para 2030, desde una reducción del 40% de sus emisiones de CO2 hasta una horquilla del 50% al 55%. Estaba previsto que se incluyera en la flamante Ley Europea del Clima, ahora en tramitación, pero finalmente no fue así.
La consulta, abierta hasta el 23 de junio, forma parte de la batería de argumentos y respaldo social de los que quiere dotarse el Ejecutivo comunitario de Úrsula Von del Layen para aumentar la ambición climática de la UE; no en vano prometió una Europa más verde -un European Green Deal-, con una inversión de un billón de euros hasta 2030, para conseguir el respaldo de la Eurocámara a su nombramiento, pero ha chocado con el escepticismo de varios socios comunitarios a la hora de transformar la promesa en legislación y busca fórmulas para vencer sus reticencias.
Ahora bien, para materializar el Pacto verde europeo hacen falta recursos. Y no parece que abunden en la UE del momento.
La primera opción, por su volumen, es el Presupuesto plurianual de la UE. Para el próximo período, entre 2021 y 2027, la Comisión quiere aumentar la proporción destinada al clima desde el 20% actual hasta 25% y en estos momentos se discute su dotación económica, con un nuevo reparto de las aportaciones por la salida del Reino Unido; la propuesta inicial es que represente al 1,07% de la renta nacional bruta de la UE-27, unos 1,087 billones de euros entre 2021 y 2027. Tras la batalla correspondiente entre los que quieren que se reduzca y lo que quieren aumentarlo, lo lógico es que termine habiendo unos 250.000 millones para políticas verdes.
Parte de estos fondos tendrán que recalar en un Fondo de Transición Justa, destinado a las regiones más afectadas por el reverdecimiento de la economía, como las cuencas mineras. De momento se ha propuesto que aquí recalen 7.500 millones, de los que España recibiría 376 millones netos.
Otra opción es la recaudación del Mercado de derechos de emisión de CO2 (ETS) durante el período comprendido entre 2021 y 2030. Según los cálculos de la European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST), con los precios anteriores al hundimiento, de unos 25 euros por tonelada -con los sucesivos estados de alarma en la UE está en 18 euros- permitiría recaudar unos 27.000 millones para los fondos de modernización (16.500 millones) y de innovación (11.250 millones).
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) también pondrá su granito de arena. Ha anunciado un cambio en sus políticas, alineando todos sus préstamos con los principios y metas del Acuerdo de París a partir del 1 de enero de 2021 y ha anunciado que destinará un billón de euros en garantías hasta 2030 para la descarbonización de la economía.
Plan extraordinario para el ‘European Green Deal’
Von del Layen, no obstante, ha desgranado ya cómo quiere conseguir el billón de euros con los que materializar su European Green Deal, partiendo de las tres herramientas citadas, Presupuesto comunitario, ETS y BEI, que tendrían que incrementarse para alcanzar la cantidad ansiada: el Presupuesto aportaría 503.000 millones -el doble de lo presumible entre 2021 y 2027-, el ETS unos 25.000 millones y el BEI garantías por 279.000 millones; adicionalmente, los estados convertirían 114.000 millones procedentes de los fondos de cohesión -incluidos en el Presupuesto- en garantías para canalizar más inversión privada.
Todas estas cantidades, siendo ingentes, se antojan pequeñas si con ellas incluso si sólo se pretende alcanzar el actual objetivo climático de la UE, de reducir un 40% sus emisiones de CO2, no ya el 50% ó el 55% de la nueva meta planteada. Con cálculos gruesos, hacen falta 500.000 millones al año, es decir, unos cinco billones durante la década, alrededor de cinco veces más que lo prometido.
Una de las razones del rechazo de la UE a incluir el aumento del actual objetivo del 40% con la Ley de Clima fue, precisamente, conocer mejor los costes y los beneficios de la medida.
Veremos en qué queda todo cuando los confinamientos se levanten y haya que ponerse manos a la obra; lo que es innegable es que se genera mucho empleo con la rehabilitación de edificios y con la instalación de paneles solares.
Fuente: El Economista
