El objetivo es que asesore y supervise el cumplimiento de la política en energía y clima
El Gobierno ha abierto el plazo para presentar alegaciones al real decreto que regula la creación, composición y funcionamiento del comité de especialistas en cambio climático, política incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que hoy cumple un año.
El objetivo del Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética es que asesore y supervise el cumplimiento de la política en energía y clima, pero no tendrá efectos directos sobre ésta, según el real decreto, que puede sufrir modificaciones tras el proceso de participación ciudadana, que finalizará el próximo 3 de junio.
El grupo será paritario en género y estará compuesto por 25 especialistas en disciplinas relacionadas con el calentamiento global y la transición energética, los cuales deberán contar con al menos 10 años de experiencia profesional en esas materias, precisa el texto.
Se podrá permanecer en el mandato del comité -formado por ocho personas, inicialmente elegidas al azar entre los miembros- seis años como máximo, con una renovación parcial bienal para asegurar que ninguno de ellos supere ese límite.
El presidente del grupo, que se encargará de coordinar las funciones -entre otras, la elaboración de informes anuales para remitirlos al Congreso de los Diputados-, podrá mantenerse en ese cargo hasta tres años, aunque tendrá la posibilidad de liderar otros tres.
La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, la Comisión de Transición Ecológica del Senado, el Consejo Nacional del Clima, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas podrán proponer cada uno hasta cinco miembros del Comité.
El grupo funcionará con el apoyo técnico y de gestión del CSIC, y se financiará “de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias” del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (Miteco), que matiza que “no supondrá incremento de gasto público”.
“Una gobernanza moderna y novedosa, en línea con lo que están haciendo los países de nuestro entorno más cercano con leyes ambiciosas, proporciona transparencia, fortalece y otorga legitimidad a las decisiones del Gobierno en materia de clima y transición energética y da visibilidad a las acciones que se llevan a cabo”, argumenta en el escrito el Miteco.
Además, señala que el comité actuará “con independencia de cualquier interés empresarial o comercial”, y que “ni el presidente ni los miembros del Comité podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.
Sin embargo, el ministerio de Teresa Ribera no aclara, de momento, cómo se garantizará esa independencia de los especialistas respecto sectores que puedan influir en las conclusiones del grupo de expertos en cambio climático.
Fuente: El Periódico de la Energía
