El Gobierno ha rechazado la tramitación de sendas propuestas de Vox y Junts que pedían, respectivamente, renunciar a los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) o bien transferirlos a las comunidades autónomas, pues alega que una decisión de este tipo tendría un coste para el Estado de 2.300 millones de euros.
Se trata de enmiendas presentadas a la proposición de ley actualmente en trámite parlamentario para modificar la Ley de 2005 por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El comercio de emisiones de gases funciona de tal manera que un regulador fija un tope en la cantidad total de gases que pueden emitir ciertas industrias, de manera que por cada tonelada de CO2 estas necesitan de un derecho o permiso que pagan al Estado y se reparten en una subasta.
En ese marco, Junts registró una enmienda para modificar la legislación y que la asignación de los derechos de emisión se lleve a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por el Derecho de la UE y que los procedimientos de aplicación de estos criterios se lleven a cabo por las comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias. Por su parte, Vox registró una enmienda para directamente derogar la Ley de 2005 que regula ese mercado.
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