La Comisión Europea aseguró este jueves que vigila «de cerca» el impacto que pudiera tener la aplicación de tasas de CO2 al transporte marítimo a través del sistema ETS, que nueve países, entre ellos España, temen que deslocalice tráfico de mercancías de puertos europeos hacia jurisdicciones más laxas.
España y otros ocho países de la UE (Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Malta, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía) reclamaron hoy al nuevo Ejecutivo medidas inmediatas y audaces para modificar la forma en la que la tasa de carbono europea se aplica al sector marítimo. «No podemos simplemente limitarnos a hacer estudios, hay que actuar de modo audaz», dijo el ministro de Transportes de Malta, Chris Bonett, en línea con su homólogo chipriota, Alexis Vafeades, quien pidió «solidaridad entre los Estados miembros, actuar de modo preventivo, adoptando una revisión rápida de la directiva con una estrategia de puertos». Las embarcaciones que cubren rutas dentro de la Unión Europea deben pagar el 100 % del CO₂ emitido, según el precio de mercado que proyecte el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), y los que llegan a la UE desde otras jurisdicciones deben pagar el 50 %. Los países que piden una revisión temen que los transportistas trasladen sus operaciones a puertos no comunitarios de Argelia, Marruecos o el Reino Unido, así como a Noruega e Islandia o incluso a los puertos de Rusia, si un día cambia la situación geopolítica. Un carguero que viaja de Shanghái a Algeciras recorre unas 10.300 millas náuticas y debería pagar el 50 % del CO₂ que emita.
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