El Gobierno respalda la idea de que actividades que sean grandes emisoras de gases contribuyan a financiar la resiliencia frente al cambio climático.
España ha suscrito una declaración que respalda la implantación de gravámenes a los sectores grandes emisores de gases para sufragar los costes derivados de la crisis climática. La declaración aboga por superar las ayudas de urgencia frente a las crisis con “un modelo de financiación proactiva que esté a la altura de la magnitud de este desafío”. Se trata de una señal política contundente que podría allanar el camino hacia la creación de impuestos a los viajeros frecuentes y a las criptomonedas. Al firmar esta declaración en la cumbre del clima de la ONU, España se suma a un grupo de gobiernos que instan a la COP31 a analizar “el potencial de aplicar pequeños gravámenes específicos para garantizar que los sectores contaminantes contribuyan a los costes de la acción climática”. Hasta el momento, suscriben además la declaración Gran Bretaña, Kenia, Sudán del Sur, Timor Oriental, Tuvalu y Vanuatu.
Seguir leyendo en La Vanguardia