Hace una década que las Cortes pidieron que España contara con una ley de cambio climático. Y hace más de un lustro que fue aprobado el Acuerdo de París contra el calentamiento global sin que España, un país de los más expuestos de Europa a los impactos negativos de la crisis climática, haya aprobado una norma específica para cumplir con ese tratado. Pero la ley española de cambio climático ha entrado en la recta final y en las primeras semanas de abril se espera que el Congreso le dé el visto bueno para que concluya la tramitación en el Senado. En ese momento, el país contará por fin con un instrumento con rango de ley para ayudar al conjunto de la economía a desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables de los gases de efecto invernadero.
El objetivo global de la ley, en línea con el Acuerdo de París, es lograr la neutralidad climática en 2050: que solo se emitan los gases que puedan ser captados por los sumideros, como los bosques. Pero las críticas más duras contra la norma que hacen algunos partidos y las ONG verdes se centran en la falta de ambición de las metas intermedias, para esta década. La ley fijará, según lo pactado ya por los partidos —y salvo sorpresa de última hora—, que España deberá emitir en 2030 un 23% menos de gases de efecto invernadero que en 1990. “Es un objetivo bajísimo que se basa en cálculos muy conservadores”, dice Inés Sabanés, diputada de Verdes Equo. “No es una apuesta clara y valiente”, añade Alicia Cantero, de Greenpeace.
Aparentemente, y si se compara el objetivo de la ley española con el de la UE y las potencias europeas, no hay debate alguno: la meta fijada para 2030 tomando como punto de partida 1990 se queda muy corta. Frente al 23% de recorte de España, la UE plantea una reducción del 55%, más del doble. Pero cuando se mira el lugar del que parte cada uno, la realidad se matiza mucho.
PSOE y Unidas Podemos, que impulsan juntos esta ley, tienen la intención de incluir en la norma una cláusula para que las metas se revisen al alza periódicamente. Y la primera revisión sería en 2023. Pero ambos partidos defienden el 23% de recorte. “Arrastramos un retraso muy importante que nos hace estar en una posición especialmente difícil”, sostiene Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos. “En 2018, mientras la Unión Europea había reducido sus emisiones en su conjunto en un 23% desde 1990, España las había aumentado en un 16%”, añade. O dicho de otra forma: el problema es que la UE alcanzó su pico de emisiones en 1990, mientras que España no lo consiguió hasta 2007 por una mezcla de razones económicas y falta de medidas climáticas.
La meta del 23% es un “esfuerzo importante” porque España “partía en desventaja”, defiende López de Uralde, cuyo partido presentó en 2018 una propuesta de ley en la que abogaba por un recorte del 35% en 2030. “Desde el comienzo de la tramitación hemos entendido que había que aumentar la ambición”, dice este diputado, que defiende el sistema de revisión al alza que establecerá la ley y otros aspectos como el compromiso de tener un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Y añade sobre las críticas de otros partidos: “el peor de los escenarios sería no tener la ley”.
“Los cálculos para fijar el objetivo del 23% se hicieron antes de la pandemia”, afirma Sabanés, que recuerda que los fondos europeos de recuperación servirán para acelerar la descarbonización. Además, la covid llevó en 2020 a una caída histórica de las emisiones. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, admite la influencia que tendrán estos factores en el futuro. Por eso, añade, la normativa se ha concebido como algo “dinámico” y se ha adelantado a 2023 la primera revisión al alza de las metas.
“La ley nace antigua y el objetivo es poco ambicioso porque no cumple con la ciencia”, critica por su parte Cantero. ¿Pero, qué dice la ciencia? El Acuerdo de París no habla de metas intermedias, sino de lograr la neutralidad de las emisiones en el mundo a partir de mediados de siglo para contener el calentamiento. El límite de seguridad pasa por conseguir que el aumento de la temperatura se quede por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales. Y esforzarse, para que no supere los 1,5 grados, según el pacto. En ambos casos, se debe llegar a las emisiones netas cero, pero para conseguir cumplir la meta del 1,5 debe llegarse antes, en 2050; y un informe de 2018 del IPCC —los científicos que asesoran a la ONU sobre cambio climático— señalaba que para ello se necesitaba que en 2030 las emisiones mundiales de CO₂ —el principal de los gases de efecto invernadero— se deberían haber reducido un 45%, pero respecto a los niveles de 2010.
La reducción para 2030 del 23% de las emisiones respecto a 1990 que contempla la ley española en tramitación se traduce en un recorte de casi un 37,9% cuando se toma como punto de referencia 2010, bastante más cerca del 45% que puso sobre la mesa el IPCC en su informe. “No estoy de acuerdo con que el objetivo de la ley no sea ambicioso”, sostiene Mikel González-Eguino, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3). “El objetivo tiene que ser ambicioso, pero tiene que poder ser cumplido”, añade este especialista en transición energética que recuerda que la Comisión Europea ha aplaudido el plan de energía y clima que le ha presentado España, en el que se establecía ya el recorte de las emisiones del 23% para 2030. “Estamos muy por encima de los esfuerzos que nos exige la Comisión”, recalca por su lado Hugo Morán sobre esa evaluación de Bruselas.
Pero, ¿el objetivo español está muy lejos del de la UE y los principales países europeos?
Unión Europea: un recorte del 55%
En diciembre, las instituciones europeas decidieron incrementar su meta de recorte para 2030 y pasaron del 40% al 55%, siempre respecto a 1990. Si se compara con las emisiones de la UE de 2010, el recorte sería del 47,8%, por encima de la recomendación del IPCC. Europa está tramitando ahora su ley climática, que se aprobará este año.
Alemania: un recorte del 55%
En 2019, el país aprobó la Ley Federal de Protección del Clima, que fija como objetivo para 2030 un recorte del 55% respecto a los niveles de 1990. Si se compara con 2010, la reducción sería del 40,3%.
Francia: un menos 40% de emisiones
El país fue el anfitrión en 2015 de la cumbre del clima que aprobó el Acuerdo de París. El socialista François Hollande aprobó ese mismo año su “ley de transición energética para un crecimiento verde”. La norma fija como objetivo para 2030 un recorte de las emisiones del 40% respecto a las de 1990. Si se toma como referencia 2010, el recorte estará en el 35,7%, dos puntos menos que el objetivo de España.
Reino Unido: un 68% menos de emisiones
En 2008, Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar una ley de cambio climático. Una comisión fija periódicamente las metas de recorte. La última actualización, de 2016, estableció que para 2032 el país tendrá que haber reducido las emisiones un 57% respecto a 1990. Pero en diciembre Boris Johnson se comprometió a que el recorte sería del 68%. Si se compara con los niveles de 2010, se trataría de una disminución del 58,3%, muy por encima del que pedía el IPCC.
Fuente: El País
