La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encamina hacia el final de su tramitación. El pasado jueves finalizó el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas, y ahora hay que esperar a conocer el texto definitivo.
Desde que se presentó su borrador en enero pasado, la Proposición de Ley se aprobó en Consejo de Ministros, después pasó al Pleno del Congreso y a partir de ahí, a la Comisión de Transición Ecológica, con el plazo para la presentación de las enmiendas que acaba de finalizar.
A partir de ahora, una vez que se hayan incorporado las enmiendas que se aprueben por mayoría, la Ley llegará al Senado, que la aprobará o no. Si no es así, volverá de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Los plazos están muy ajustados para que esté lista a finales de año, pero si no es así, será a principios de 2021.
PSOE y UP
PSOE y Unidas Podemos van de la mano y plantean aumentar la ambición de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, prohibir la minería de uranio y adelantar a 2030 el fin de la fabricación de los vehículos con emisiones.
Entre las principales propuestas para modificar la Ley de Cambio Climático se incluye elevar del 20% al 23% el objetivo de reducción de emisiones para 2030 respecto al año 1990. Una enmienda que sorprende justo cuando el Parlamento Europeo ha aprobado un objetivo mucho más ambicioso, hasta el 60%.
También han incluido una enmienda que pasa del 70% al 74% la participación de las renovables en el consumo de electricidad para 2030 y de un 35% a 42% la participación de las energías limpias en el consumo final de energía para 2030. Todo ello supondría elevar desde el 35% al 39,5% la reducción de energía primaria.
Gases renovables
Ambos grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en su visión de los gases renovables. Por ello, han acordado incorporar el fomento, mediante planes específicos, de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.
Asimismo, las enmiendas subrayan la importancia de la lucha climática y la alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y el marco de la cooperación multilateral.
Precisamente, en su posición para la reducción de los combustibles fósiles, quieren ser más ambiciosos. Plantean modificar el Artículo 12 de la Ley, que trata sobre la promoción de la movilidad sin emisiones.
Movilidad sostenible
La coalición quiere que el Gobierno ponga en marcha las medidas adecuadas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
Y los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, con zonas de bajas emisiones o medidas de movilidad relacionada con hábitos saludables.
También proponen añadir una nueva disposición adicional sobre el transporte ferroviario. De él dicen que el Gobierno promoverá el uso del ferrocarril público, y para transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.
Ciudadanos
La formación naranja, por su parte, ha presentado su plan de enmiendas. Entre ellas, reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 33% respecto del año 2005. Es un objetivo que podría parecer mucho más ambicioso que el de los grupos parlamentarios de la izquierda, pero se toma como referencia un año donde los niveles de CO2 en la atmósfera eran mucho más elevados.
También quieren alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 32%, diez puntos por debajo de las formaciones anteriores.
Y alcanzar en el año 2030 una sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable, muy parecido a sus homólogos de la izquierda.
Hay otro aspecto que no recoge la Ley de manera explícita, como el concepto de economía circular. Ciudadanos quiere destacar que «hay que facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular».
Otro de los puntos que quiere que aparezca resaltado en la Ley es el desarrollo de interconexiones, y propone que en 2030 el porcentaje suba hasta el 15%.
Neutralidad tecnológica
Para el grupo parlamentario, hay que aplicar el criterio de neutralidad tecnológica en la utilización de recursos públicos para financiar, incentivar o apoyar las políticas y medidas encaminadas a la mitigación del cambio climático.
Todas las alternativas tecnológicas que permitan, de manera coste-eficiente, alcanzar los objetivos incluidos en esta Ley podrán optar, en igualdad de condiciones, a la obtención de ayudas o financiación pública, dicen en sus enmiendas.
Por eso, en el capítulo de gases renovables, plantean añadir también la reutilización de residuo industrial y gases de procesos industriales, y los procedentes de la conversión química de la captura de CO2.
Movilidad
Para C’s, el establecimiento de zonas de bajas emisiones puede retrasarse hasta 2030 y, además, para la electrificación de la red de transporte público se pueden utilizar otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano y demás combustibles alternativos sostenibles.
Además, el establecimiento de zonas de bajas emisiones se llevará a cabo bajo un marco armonizado a nivel nacional y de manera coordinada con todas las administraciones públicas.
Coinciden en dar más prioridad al uso del ferrocarril. En su enmienda 28 señalan que «se establecerá, antes del final de 2021, un Plan de Acciones Prioritarias para el transporte ferroviario de mercancías».
Por último, piden un cambio en las políticas fiscales. «Las administraciones públicas españolas incentivarán fiscalmente las actuaciones que favorecen la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuando sea posible técnica y económicamente».
Partido Popular
El grupo parlamentario popular apela “al consenso y al acuerdo” para pactar los objetivos de la futura Ley de lucha contra el cambio climático, que exigirá “generosidad y lecturas atentas y sosegadas”.
Para esta formación, la lucha contra el cambio climático no es una lucha ni de izquierdas ni de derechas: “Es más, esas obligaciones irrenunciables tienen su punta de lanza en el acuerdo de París que lideró Arias Cañete”.
Destaca que el objetivo fundamental de neutralidad climática para 2050 cuenta con herramientas como el Fondo de Transición Justa, y reclama al Gobierno “certidumbre” para que las empresas puedan invertir en la reducción de emisiones
Recalca la importancia de proteger la cadena de valor, pues «la pandemia ha enseñado que cadenas de valor como la industria agroalimentaria han permitido que siguiéramos abastecidos de materias fundamentales”.
Por eso, propone contar “con todas las tecnologías y energías disponibles tratando de dar cumplimiento al objetivo de neutralidad climática, pero garantizando la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia económica de la transición energética así como la seguridad de suministro”.
Es decir, defiende la neutralidad tecnológica. También aboga por aumentar las interconexiones con Europa, tal y como se acordó en marzo de 2015. Entonces se sellaba la interconexión con Francia y Portugal tanto gasista como eléctrica.
Las interconexiones, considera, favorecen igualdad de oportunidades de los españoles con el resto de los europeos, abaratan la factura eléctrica e impulsan un mayor crecimiento de la energía renovable.
Fuente: El Español
