Las negociaciones sobre la Ley de Cambio Climático alcanzan su recta final. Este martes se han realizado las últimas ponencias y se han aprobado las últimas enmiendas, centradas principalmente en materia de educación ambiental y gobernanza. Así, con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Equo-Más País y Teruel Existe, se ha respaldado que la nueva ley aborde de una manera transversal la emergencia climática y la lleve a las aulas y universidades de España, donde profesores y alumnos recibirán una formación empapada por los criterios de sostenibilidad.
Según el texto de la enmienda aprobada, el sistema educativo tendrá una «revisión» sobre el tratamiento que se le da al cambio climático y al desarrollo sostenible dentro del currículum básico para incluir una visión «transversal» del problema. De esta forma, se pretende que la emergencia climática esté presente de alguna forma en todas las asignaturas en cada uno de los niveles académicos. Para ello, «el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, impulsará acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado».
La enmienda también pone el foco sobre las Universidades y habla de una «revisión» de los planes de estudios para que sus contenidos sean «coherentes» con la situación de crisis climática. Asimismo, la coyuntura de transición energética ha empujado a las fuerzas políticas a impulsar un cambio en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y en el catálogo de ofertas formativas, de modo que el último escalón del sistema educativo español permita crear nuevos perfiles profesionales «propios de la sostenibilidad ambiental» y adaptados al nuevo modelo energético y social.
Serafín Huertas, técnico en Educación Ambiental y miembro de la plataforma estatal EA26, celebra que la ley marco que servirá para mitigar el cambio climático en las próximas décadas no deje de lado la educación ambiental. «La revisión del catálogo de cualificaciones profesionales es algo muy positivo, porque nos da la posibilidad de generar nuevos perfiles en un mundo que ya está en constante cambio. Los nuevos perfiles profesionales tienen que adaptarse a ello, deben aparecer nuevos empleos que tengan que ver con la nueva movilidad el nuevo modelo energético, pero también con la docencia y con nuevas formas de ocio», argumenta el experto.
Si bien, el texto de la enmienda es breve y el carácter de esta ley hace pensar que de ella nacerán nuevos textos legislativos más amplios que la den sentido, los expertos en educación ambiental echan en falta que el artículo en cuestión se centre en otros aspectos que vayan más allá de la formación. «Necesitamos que se eduque también en la capacidad de acción ante el cambio climático», sostiene Huertas. «El sistema educativo debe ir a la raíz y explicar por qué se produce esta crisis climática, que es el modelo capitalista y extractivista». «Es imposible plantear un cambio de modelo de sociedad si no es a través de la educación. Se pueden aprobar leyes y decretos, pero las transformaciones que necesitamos sólo se pueden consolidar con la educación».
Un comité de expertos en cambio climático
Las ponencias de este martes también han aprobado el artículo 33 sin ninguna modificación. Se trata de un punto crucial incluido en el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, la creación de un comité de expertos en cambio climático y energía. De esta forma, se ha dado el visto bueno a que se cree dicho organismo, cuyas funciones serán las de «evaluar y hacer recomendaciones» al Gobierno sobre todas las políticas que impulsen en relación a su impacto ambiental. Este grupo de expertos deberá tener una composición paritaria y se encargará de realizar un informe anual sobre las medidas del Ejecutivo y sus implicaciones ecológicas.
Se trata de una de las grandes peticiones del movimiento ecologista. Sin embargo, la forma en la que se ha aprobado el artículo no ha terminado de gustar a todas las formaciones políticas de la izquierda. Así desde Equo-Más País consideran que la ley debe garantizar la independencia de este grupo de expertos y para ellos reclaman que el artículo especifique que el organismo está provisto de unos recursos y unos fondos específicos que garanticen que «tenga recursos propios para poder trabajar, reunirse y emitir informes que guíen la acción del gobierno en materia de transición ecológica».
El cambio climático llega a las finanzas
Las mismas fuerzas parlamentarias –PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV y Teruel Existe– han sacado adelante una enmienda relacionada con la inclusión del cambio climático como factor de riesgo dentro del sistema financiero. De esta forma, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberán incluir el cambio climático dentro de sus evaluaciones de riesgos para el sistema financiero español, así como proponer soluciones económicas para combatir la crisis climática. Según se entiende, esta medida contribuirá a que las inversiones viren progresivamente hacia otros sectores menos dañinos con el medio ambiente.
Además, las ponencias de este martes en el Congreso han dado el visto bueno a reformar el modelo de contratación pública, de tal forma que todos los pliegos cuenten con criterios de reducción de emisiones y de impacto ambiental. La Administración, por tanto, deberá garantizar que, un año después de que la Ley de Cambio Climático se apruebe, todos los contratistas cumplan con las nuevas obligaciones ambientales y presten servicios ligados a la descarbonización. Esto tendrá implicaciones notables en diversos ámbitos, que van desde los comedores de escuelas y hospitales, que deberán garantizar que los alimentos tienen una huella de carbono mínima, hasta servicios de transporte, que deberán disponer de vehículos, en la medida de lo posible, libres de emisiones de CO2.
Tras las votaciones de este martes la Ley de Cambio Climático se adentra en su fase final. A falta de que se debatan las disposiciones finales de la norma, la Comisión para la Transición Ecológica deberá dar el último repaso a los acuerdos que durante los últimos meses se han ido perfilando a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados. Las votaciones han dibujado un bloque claro conformado por Unidas Podemos, PSOE, ERC, Bildu y Teruel Existe, al que se han ido sumando en ocasiones partidos como el PNV, Cs o Equo-Más País, que ha remarcado su postura ecologista y ha reclamado que la ley incremente su ambición. Mientras el PP ha tendido su mano en los temas puntuales relacionados con el crecimiento y el desarrollo sostenible, Vox ha hecho gala de su negacionismo.
Fuente: Público
