SALA DE PRENSA

La gran industria quiere una Ley de cambio climático que le dé viabilidad

Las empresas con gran consumo de energía quieren que la Ley de cambio climático «dé viabilidad a la industria», apostando por una transición justa «más positiva», que, además de cierres y de reconversiones, apueste por la transformación tecnológica para aprovechar la oportunidad de desarrollo que representa. Entre los elementos concretos que demanda destaca la «fijación por ley» de una compensación del 25% de los costes del CO2 repercutidos en la electricidad; «a septiembre de 2020 tenemos seis millones».

Así lo ha manifestado Teresa Rasero, presidenta de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), durante su intervención esta mañana en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para exponer la visión de la entidad sobre el Proyecto de ley de cambio climático y transición energética, en proceso de tramitación.

Rasero ha recordado la importancia de la industria básica representada por AEGE -la integran 38 grupos empresariales con 80 plantas en todo el territorio, emplea unas 180.000 personas y factura unos 20.000 millones al año-, a la hora de producir bienes básicos para todo el tejido productivo, como se está demostrando durante la pandemia y la necesidad de acceder a productos sanitarios indispensables.

Igualmente, ha subrayado el grave problema de las empresas de la Asociación con el coste de la energía, que llega a ser hasta el 50% del total: «ha bajado la electricidad en los últimos meses, pero en el diferencial de 20 a 25 euros por MWh con relación a nuestros competidores europeos», ha aseverado, cuantificando esa diferencia en una media de 5 millones al año y en 50 millones durante la vida útil de las fábricas. «Hay riesgo de que la transición no se supere por este diferencial de precios», ha asegurado.

El 25% de los costes de CO2 por Ley

Rasero ha denunciado que la Ley «no habla de suministro competitivo» y ha reclamado que contemple varias medidas de apoyo autorizadas por la legislación comunitaria, como destinar parte de la recaudación obtenida con las subastas de CO2 para compensar el sobrecoste que sus asociados sufren indirectamente por la repercusión del CO2 en la electricidad, que ha cuantificado en 1.240 millones durante el año pasado.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea autoriza que dicha compensación ascienda al 25% y que la memoria de impacto del Proyecto de ley habla de un 20%, «pero ahora tenemos 6 millones». Ha solicitado que cambie esta situación y ha reclamado que el 25% se incluya en el articulado de la futura norma

Rasero también ha apuntado la necesidad de reforzar el Estatuto de los consumidores electrointensivos. A su juicio, el borrador presentado en febrero es «insuficiente» y «demasiado amplio», puesto que puede beneficiar a compañías cuyos costes energéticos son del 1% o el 2% del total. Por lo tanto, debería «ir más allá» y centrarse en las empresas realmente electrointensivas, reducir el importe de los peajes -en la parte fija del recibo- y eliminar el pago por el desarrollo de las renovables históricas, en línea con lo que sucede en otros países.

La presidenta ha hecho referencia a la extinta interrumpibilidad y ha reclamado que se permita a la industria participar en los servicios de ajuste del sistema eléctrico y en la reserva estratégica en tramitación.

También ha pedido que la futura Ley fomente más el hidrógeno y los gases renovables, que pueden tener importantes aplicaciones en la Industria pesada, muy difícil de descarbonizar, y ha reclamado que se aplique el principio de neutralidad tecnológica para minimizar el coste del proceso de transición.

Ha resumido su intervención reclamando a sus señorías «que regulen para que las empresas tengan viabilidad en el país» y reclamando un texto «más positivo» en el que la denominada «transición justa», además de atender a los cierres de centrales y la reconversión de zonas afectadas, también hable de transformación tecnológica para materializar la «gran oportunidad» que representa todo el proceso de transición ecológica.

Fuente: El Economista