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La Eurocámara aprueba los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones agrícolas y del transporte

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones derivadas de la edificación, el transporte, la agricultura y los residuos, que no están cubiertas por el sistema europeo de comercio de emisiones y que deben recortarse un 30% en 2030 en todo el bloque comunitario.

En concreto, España deberá rebajar en un 26% las emisiones de estos sectores. Luxemburgo y Suecia son los dos únicos países a los que se les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, seguidos de Dinamarca y Finlandia (39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Países Bajos y Austria (36%), Bélgica (35%), Italia (33%) e Irlanda (30%).

Estos esfuerzos forman parte del conjunto de medidas de la Unión Europea destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, en el que el bloque comunitario prometió reducir en un 40% sus emisiones contaminantes totales con respecto a los niveles de 1990.

Además, la Eurocámara también ha dado su visto bueno a una nueva normativa centrada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de suelos y bosques, así como en aumentar el volumen de dióxido de carbono (CO2) absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.

En concreto, los Estados miembros tendrán que garantizar que la deforestación sea compensada con la plantación de árboles. Las nuevas normas recogen también medidas para desarrollar el sector y para impulsar la absorción de emisiones por parte de bosques, cultivos y pastizales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Los eurodiputados también han respaldado una nueva legislación sobre eficiencia energética en edificios que obliga a los socios comunitarios a desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de edificios tanto públicos como privados. El objetivo de esta nueva normativa es conseguir una reducción de entre un 80% y un 85% de las emisiones contaminantes registradas en 1990.

Además, la directiva incluye normas para fomentar la movilidad eléctrica en edificios nuevos y objeto de renovación, como la ubicación de al menos un punto de recarga en inmuebles con más de diez plazas de aparcamiento y la instalación de cableado para la recarga.

Estas normas también prevén la creación de una herramienta para medir la capacidad de los edificios para mejorar su funcionamiento y su interacción con el sistema en función de las necesidades de los ocupantes. La Comisión Europea deberá desarrollar antes de que acabe 2019 esta herramienta, denominada “indicador de inteligencia”.

Estas tres normativas deben ser aprobadas ahora por el Consejo de la UE, la institución comunitaria que representa a los Estados miembros, antes de entrar en vigor.

Fuente: La Vanguardia