SALA DE PRENSA

La especulación dispara los derechos del CO2 un 37% y ceba más subidas de la luz

La fuerte subida de precios en el mercado mayorista eléctrico tiene como una de las principales causas la escalada de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que las empresas generadoras tienen que comprar para poder quemar gas, fuel o carbón y producir electricidad. El mercado de derechos, como el pool eléctrico, se ajusta al juego de oferta y demanda, pero también carga con una fuerte carga especulativa. El precio medio de la tonelada de CO2 en las últimas cinco sesiones se sitúa en 33,87 euros, lo que supone un 37% más que la media de precios de 2020. Las subidas presionan sobre el recibo de la luz en plena ola de frío.

El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Se puso en marcha el 1 de enero de 2005, como medida fundamental para fomentar la reducción de emisiones de CO2 en los sectores industriales y de generación eléctrica, de acuerdo con los planes de la UE . En la actualidad, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones y un 45% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero. Su rodaje ha demostrado que tiene agujeros que han propiciado en el pasado hasta operaciones ficticias de compraventa de derechos entre empresas de la UE -también españolas- con compañías extracomunitarias.

El Gobierno conoce el problema. En diciembre pasado aprobó un decreto para regular los ajustes de la asignación gratuita de derechos de emisión en el periodo 2021-2030. La norma establece las reglas y procedimientos administrativos para que cada año se comprueben y se ajusten los derechos aprobados para cada instalación. Se trata de alinear las asignaciones con la actividad real porque los desajustes, más o menos interesados, acaban apagándolos los consumidores.

Nivel de actividad

Así, cuando el promedio del nivel de actividad de una instalación durante los últimos dos años aumente o disminuya más del 15% de su nivel de referencia (periodo 2014-2018) se ajustará la asignación que inicialmente se había aprobado para esa instalación, al alza o a la baja, según corresponda, y de manera proporcional al cambio del nivel de actividad.

En el periodo actual, 2013-2020, los cambios en la asignación solo se producen cuando la actividad desciende al menos un 50%. Por lo tanto, el modelo de asignación gratuita de derechos de emisión será más dinámica en 2021-2030, con cambios más frecuentes en la asignación conforme la actividad suba o baje, de acuerdo con peticiones de la industria. La idea es cortar con la especulación, obligando a devolver los excesos asignados y cortando las transferencias de derechos entre agentes sin la transparencia debida.

Para la industria, el precio del CO2, la asignación de derechos y el destino de los impuestos que recauda el Estado por las emisiones es una cuestión crucial. En la práctica, el CO2 se ha convertido en la gran esperanza de las grandes empresas consumidoras de energía para reducir lo que pagan por la electricidad y mantener a flote sus cuentas.

Centenares de millones

Los centenares de millones de ayudas que llegaron a cobrar las grandes empresas consumidoras por acceder a desconectarse de la red en caso necesario -interrumpibilidad- ya no fluyen y el Estatuto del Consumidor Electrointensivo diseñado por el Gobierno no ha cumplido con sus expectativas. Por ello, presionan para enmendar el proyecto de ley de Cambio Climático que tramita el Congreso-artículo 26.4- de forma que incluya que el 25% de la recaudación por derechos de emisión, 1.300 millones en 2019, se destinen a compensar a la industria.

En su actual redacción, el proyecto de ley no asegura las ayudas. La norma sólo establece que «los ingresos provenientes de las subastas de derechos de emisión -el CO2– serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética». Y detalla el reparto: 450 millones al menos para financiar los costes del sistema eléctrico relacionados con el fomento de las renovables «pudiendo destinarse el 30% de la cantidad total» a medidas con incidencia social provocados por la transición energética».

Fuente: La Información