La Comisión Europea estudia la implantación de la denominada ‘carbon border tax’, pero se enfrenta a numerosas cuestiones que dificultan la tarea. La primera de todas: ¿puede chocar con las reglas del comercio internacional?
La Unión Europea está decidida a colocar la emergencia climática en el centro del debate en este nuevo ciclo comunitario que arranca. La recién nombrada presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, lo dejó claro en su discurso de toma de posesión el pasado domingo, y también al día siguiente, durante su intervención en la apertura de la Cumbre climática de Naciones Unidas en Madrid (COP25). «El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento», sentenció. La meta es convertir a Europa en el primer continente con cero emisiones de carbono en 2050.
Lo que no está tan claro es que ese liderazgo en la ambición logre cristalizar en medidas eficientes que se ganen la aquiescencia de todos los miembros del club. Una de ellas es la introducción de un arancel a las importaciones con huella de carbono. Von der Leyen ha encomendado a los comisarios de Comercio, Phil Hogan, y de Economía, Paolo Gentiloni, la elaboración de la que se llamará Carbon Border Tax, dentro del paquete de medidas del Pacto Verde. Pero son muchos los expertos que advierten de la complejidad de la tarea. «Va a ser complicado poner este medio en marcha. Hay un montón de cuestiones técnicas que hay que dilucidar», advierte Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), agencia de desarrollo conjunta de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC). La primera de ellas: ¿Puede esta medida chocar con las reglas del comercio internacional?
La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir las emisiones contaminantes entre un 40% y un 55% para 2030 y alcanzar el nivel de cero emisiones en 2050. Para ello, no descarta revisar la directiva de fiscalidad energética, lo que podría traducirse en impuestos a la generación de CO2 en la producción europea. Pero igual que Bruselas planteará medidas a nivel comunitario y nacional (éstas competencia de los países miembros), también perseguirá con otras iniciativas un doble objetivo: presionar a otros países para reducir sus emisiones y, al tiempo, garantizar que las empresas de los 27 puedan competir en igualdad de condiciones con las extracomunitarias.
El impuesto a las importaciones de bienes que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy intensivas en CO2 serviría, en palabras de la presidenta de la Comisión, «para garantizar que nuestras empresas puedan competir en un terreno de juego nivelado y evitar fugas de carbono». Una suerte de herramienta para evitar lo que la UE consideraría dumping medioambiental. Poco más se conoce del futuro impuesto, más allá de que comenzaría a aplicarse en una serie de sectores seleccionados, se extendería gradualmente, y que debería ser «totalmente compatible con las normas de la OMC». Fuentes de la Comisión Europea reconocen la dificultad de implementar la medida respetando estas reglas. «Tenemos un debate interno para ver cómo se puede hacer. Hasta la primavera del año que viene va a haber un debate político muy intenso al respecto», explican.
«Un impuesto sobre la frontera del carbono de la UE sería difícil de diseñar, costoso de implementar y seguramente provocaría desafíos legales. Pero si se hace correctamente, hay razones para pensar que podría tener éxito», apunta en un informe el think tank Centre for European Reform. El hecho de tratarse de una medida planteada por muchos países, entre ellos EEUU, pero no implantada por ninguno, da una idea de su complejidad.
«¿Cómo se va a hacer? ¿Se le va a hacer un pasaporte de carbono a los productos? ¿Quién lo va a decidir?», pregunta González. En el caso de que, en lugar de gravar por sectores, la UE decidiera tasar todos los productos que vengan de un país que no ha firmado el protocolo de París, podría toparse con el problema de que un productor podría decir que la cuestión no es lo que haga su país, sino lo que haga él como productor.
Si se quiere tomar una medida en la frontera para compensar el que las importaciones tengan más carbono que la producción doméstica, esta debería respetar las reglas del comercio internacional. Éstas permiten a un país decidir cuál es el nivel de protección que desea imponer, incluida la protección al medio ambiente. Pero piden dos cosas: que la medida no sea discriminatoria y que sea honesta. «El objetivo debe ser que los demás reduzcan sus emisiones de CO2, no proteger a los productores domésticos de la competencia exterior, porque no todos los productores europeos son más eficientes en términos de emisiones que todos los importadores exteriores», aclara González, que considera que «hay otras maneras de hacerlo. Hay otros mecanismos que pueden ser más interesantes. ¿Por qué no se hace un mecanismo reglamentario como se ha hecho con el reglamento de protección de datos, que permita a los demás alinearse también con esa misión?».
«Lo ideal sería forjar un consenso internacional», coincide Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, aunque matiza la dificultad de conseguirlo, dada la crisis en que se encuentra la OMC como institución y que tampoco parece el mejor momento en plena guerra comercial. Steinberg aboga por incorporar en una necesaria reforma de la OMC, que también defiende la UE, «que introdujera estándares medioambientales en el comercio internacional».
Por otro lado, la implantación de la medida también podría tener efectos colaterales, como la deslocalización de empresas hacia países extracomunitarios, o encontrarse con la oposición del bloque de Estados miembros que tampoco apoyan los objetivos más ambiciosos de la Comisión Europea, formado por Polonia, Hungría y República Checa. Además, «los países emergentes y en desarrollo han acusado a la UE y a EEUU de querer utilizar tanto el medio ambiente como los derechos laborales como excusas proteccionistas», apunta Steinberg.
Fuente: Expansión
