SALA DE PRENSA

Estados en emergencia climática… sólo algunos. Elvira Carles julio 2019

El pasado 27 de junio, la Asamblea Nacional francesa aprobó una nueva ley sobre la energía y el clima en la que en sus primeros artículos fijaba unos objetivos más ambiciosos para reducir el impacto sobre el calentamiento global, alertando sobre «la urgencia ecológica y climática”.

La nueva ley gala fija la meta de disminuir el consumo energético de combustibles fósiles en un 40%, para 2030 en lugar del 30%. Para conseguirlo se pondrán en marcha medidas como el cierre de las centrales de carbón en tres años y otras para fomentar las renovables. Sobre la energía nuclear, que en Francia supone en torno al 75 % de la producción de electricidad, el artículo primero modera las ambiciones, aunque el gobierno francés ha diseñado un plan para el parón progresivo de 14 de los 58 reactores atómicos actualmente en servicio de aquí a 2035.

Los franceses han seguido la estela del Reino Unido e Irlanda quienes el pasado mayo dieron el primer paso como estados que declaraban en “emergencia climática”. Un ente independiente, la Comisión de Cambio Climático, asesorará al ejecutivo y a los parlamentos regionales. Entre sus recomendaciones prohibir los vehículos diésel y de gasolina para el 2030 y sustituirlos por coches eléctricos. Cambiar las calefacciones de gas natural por eléctricas en la vivienda nueva para el 2025, reducir en un 20% el consumo de carne y reforestar cuando sea necesario.
La decisión del Parlamento británico también es consecuencia de la presión que han ejercido durante los últimos meses decenas de ciudades como Manchester, Bristol o Londres, que el pasado abril introdujo la primera zona de emisiones ultra bajas del mundo con estrictos estándares de emisión de vehículo. Los gobiernos regionales de Escocia y Gales ya habían declarado anteriormente la emergencia climática.
Sin embargo, el principal factor de presión a los gobiernos de Londres y Dublín fueron las protestas del grupo de acción climática Extinction Rebellion, el movimiento social creado en Reino Unido que pretende influir en las políticas medioambientales locales mediante la resistencia no pacífica. Miles de activistas bloquearon durante más de dos semanas carreteras y puentes en Londres, lamentables acciones que se saldaron con más de mil detenidos.
Estados, gobiernos regionales, ciudades, universidades y centros educativos -hasta 7.000 en todo el mundo- y, organizaciones de todo tipo están declarando la “emergencia climática” y empezando a planificar cómo van a llegar “neutros” en emisiones entre 2030 y 2050 y qué serie de medidas van a tomar para conseguirlo. La presión de los medios de comunicación y movimientos sociales por todos conocidos están haciendo que sea la gente de la calle la que decida actuar ante el calentamiento global.

En nuestro país, de momento, y seguramente porque llevamos medio año con un gobierno en funciones y el parón que ello supone, la velocidad para afrontar estos retos no esta siendo la misma. Afortunadamente no existen movimientos no pacíficos y las iniciativas populares, encomiables, están teniendo poca repercusión e influencia en los responsables políticos que son los que deben liderar.

Nadie debería cuestionar la ingente cantidad de trabajo que ha realizado en estos casi 14 meses, ocupa el cargo desde el 5 de junio de 2018, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y su equipo. Pero la ausencia de políticas adecuadas para acelerar la transición energética hacia un modelo basado al completo en energías renovables ha llevado a España a ser el país europeo en el que más crecieron las emisiones de efecto invernadero en términos absolutos desde 1990.

Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos responsables necesitamos urgentemente un gobierno que impulse una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y también un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Dos herramientas críticas que marcarán durante los próximos años la transición de todo un país hacia una economía verde.

Elvira Carles Brescolí
Directora de la Fundación Privada Empresa y Clima