SALA DE PRENSA

España pide una tasa en toda la UE para frenar la ‘energía sucia’ que llega de Marruecos

Las ministras de Medio Ambiente y Hacienda, Teresa Ribera y María Jesús Montero, han enviado una carta a Bruselas en la que defienden que se establezca un nuevo impuesto europeo sobre las importaciones de energía extracomunitaria procedente de plantas que emiten CO2. El Gobierno pretende así plantar cara a Marruecos que, tras inaugurar una megacentral de carbón el pasado diciembre, se ha convertido en exportador de energía a España. Ribera ya pidió el pasado abril al comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, alguna protección por la desventaja que la energía de Marruecos —más sucia, pero también más barata— supone para las eléctricas españolas.

La inauguración el pasado diciembre de una planta de generación de energía eléctrica a partir del carbón en Safi (Marruecos) ha afectado al complejo equilibrio del sistema eléctrico español. Desde entonces, España importa energía más barata del país vecino, cuyas empresas no tienen que soportar los costes por emitir CO2 fijados en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS).

El pasado abril, la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, recurrió a Bruselas para pedir protección para el sector eléctrico español, en desventaja con las plantas marroquíes que emiten energía más barata, pero sucia, porque es más contaminante. El comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, respondió con una carta a principios de este mes proponiendo a España que utilice una «cláusula pasarela», una argucia legal que permite a los países miembros establecer excepcionalmente nuevas tasas sobre cuestiones comunitarias siempre que sean en el ámbito de protección del medioambiente. Es la solución que Cañete propuso a España debido a que un impuesto sobre el carbono transfronterizo debería aprobarse por unanimidad entre todos los estados miembros.

La ministra de Medio Ambiente y su compañera de gabinete, la ministra de Hacienda, respondieron el pasado 20 de mayo con otra misiva en la que defienden el impuesto comunitario sobre las emisiones de carbono transfronterizas. Ribera y Montero arguyen: «Si Europa termina importando bienes producidos bajo estándares climáticos más bajos, las emisiones que evitamos serán compensadas, o incluso superadas, por aquellas generadas en los países donde se fabrican los bienes. Esto se aplica también a las importaciones de electricidad: si bien ponemos precio a las emisiones de carbono y aumentamos los esfuerzos para avanzar hacia un sistema eléctrico descarbonizado, las importaciones de electricidad a base de combustibles fósiles deben ser gravadas, por lo que también se tiene en cuenta su huella de carbono». La idea española es que el impuesto no se aplique solo a la importación de energía, sino también a los productos o servicios fabricados mediante energía sucia.

En la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, remitida al comisario de Finanzas, Pierre Moscovici, y al de Energía, Miguel Arias Cañete, las ministras explican: «Somos conscientes de la complejidad de un impuesto sobre las emisiones transfronterizas carbono y los desafíos que puede plantear en los debates de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, los informes recientes, indican que, si se diseñan adecuadamente, las medidas comerciales destinadas a reducir las emisiones son factibles y pueden ser efectivas». La aprobación a nivel europeo de esta nueva tasa podría ser interpretada por la OMC como un arancel sobre el comercio y despertar ciertos recelos.

Ribera y Montero recuerdan a los comisarios europeos que «un impuesto sobre las emisiones transfronterizas de carbono encajaría perfectamente dentro del enfoque tradicional de la UE sobre los derechos de aduana», porque, recuerdan, dejan entrever los recursos obtenidos con esta nueva tasa irían a reforzar el Presupuesto de la Unión Europea.

Fuente: El País