SALA DE PRENSA

El Gobierno se atasca con la Ley de Cambio Climático

La redacción de la ley de Cambio Climático se le atraganta al Gobierno. El atasco es claro. Su elaboración fue un mandato al Gobierno aprobado por el Congreso de los Diputados hace siete años. También fue una promesa de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Cumbre del Clima de la ONU celebrada de Marrakech (2016). Pero aún hoy no hay ningún borrador que esboce como será la transición energética en España; al menos, en su primer paso hasta el 2030.

La ley debe dar cumplimiento al Acuerdo de París (2015) contra el cambio climático, que comporta para la UE el compromiso de reducir sus emisiones de gases invernadero al menos un 40% en 2030 respecto a las de 1990. Pero en España, sin un liderazgo claro, el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por un lado, y el de Energía, por otro, siguen en liza trabajando de manera interna en dos procesos paralelos que no convergen, según los expertos consultados.

Para elaborar la ley, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emprendió un proceso participativo y recopiló 328 aportaciones de diversos sectores, mientras que el ministro Álvaro Nadal se rodeó de su propio grupo de expertos, que ayer entregó sus conclusiones. Pero el PSOE adelantó que rechaza su contenido.

Jarro de agua fría

El ministro Nadal aseguró hace unos días que la Ley de Cambio Climático no se presentará hasta que se apruebe la normativa europea al respecto. “Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico”, sentenció. Fue un jarro de agua fría para quienes estaban pidiendo diligencia. “La ley está paralizada; el Gobierno se ha preocupado más de bloquear la ley catalana de Cambio Climático que a elaborar la suya propia”, dice Juantxo López Uralde, diputado de Equo-Podemos.

Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) –prestigio centro de estudios francés–, sostiene que “esta es una de las leyes más anunciadas por Rajoy, pero aún no hemos visto ningún planteamiento concreto, salvo la afirmación de la ministra Isabel García Tejerina de que se está trabajando en ello”.

El ministro Nadal demuestra su nivel de desconocimiento sobre las obligaciones europeas e internacionales. No hace falta esperar a las directivas, ya que España tiene firmados compromisos internacionales de obligado de cumplimiento”, replica Teresa Ribera al ministro Nadal, refiriéndose, entre otros, al Acuerdo de París contra el cambio climático. “Es una posición que no se sostiene, pues su responsabilidad es anticiparse, invertir y preparar a los numerosos sectores de su competencia ante la realidad del cambio climático”, remacha.

Nadal se ha caracterizado hasta ahora por su defensa acérrima del carbón (combustible de altas emisiones de gases) y por cuestionar un aumento destacado de las renovables en España en el futuro.

Lo que dicen los expertos designado por Nadal

En este contexto, el grupo de expertos designado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó ayer sus conclusiones, que van a servir al ministro para posicionarse ante la elaboración de la citada ley (pues ese dictamen no es vinculante).

¿Y qué proponen estos expertos? Apuntan en sus proyecciones un abaratamiento de la electricidad (casi un 7%) y un encarecimiento del gas y los derivados del petróleo (especialmente del gasóleo, con un 28,6%), como estrategia para lograr un sistema productivo que emita menos CO2 y provoque menos calentamiento.

Igualmente prevén la desaparición del carbón en el mix eléctrico para el 2020 (ante la previsión de un fuerte encarecimiento de los derechos de emisión). Asimismo, abogan por la prórroga de la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento, para evitar –dicen– el incremento de las emisiones de CO2 y evitar un encarecimiento de costos del mercado eléctrico un 20%.

Igualmente plantean elevar hasta el 29,7% la participación de las renovables en el conjunto de energía final (por encima del 18% actual, pero lejos del 35% que propone el parlamento europeo). Una medida llamativa es la propuesta para sacar de la tarifa eléctrica los extracostes derivados del apoyo a las fuentes renovables para que estos sean asumidos con los Presupuestos Generales del Estado (aunque matizan que si esto no es posible, “por las restricciones de la Hacienda Pública”, los citados costes se reparte entre todas las energías finales).

Rechazo socialista

Hugo Morán, secretario de Transición Energética en la Ejecutiva del PSOE, expresó su rechazo a las conclusiones del informe. “Hay cuestiones “inaceptables”. En primer ,“no se plantea una reforma en profundidad del mercado eléctrico para modificar el sistema de fijación de los precios”, que es el verdadero quid de la cuestión.

Los socialistan opinan que el sistema actual de establecimiento de precios de la electricidad es inadecuado pues no permite visualizar que las energías renovables abaratan el precio de la luz.

El PSOE además rechaza la prórroga de la vida a la nucleares; y en su 39º congreso federal aprobó cerrarlas a cumplir 40 años de vida.

“Tampoco estamos de acuerdo en que no sea posible alcanzar en 2030 el 35% de renovables, como estamos defendiendo en el parlamento europeo”, añadió Hugo Moran.

Las valoraciones de Teresa Ribera

En relación a las propuestas de estos expertos, Teresa Ribera señala que tienen la virtud de “reactivar el debate” sobre las medidas que deben abordarse para llevar a cabo una transición energética, lo cual permitirá “discutir y contrastar las valoraciones técnicas”.

Sin embargo, critica que las proyecciones sobre la evolución de la demanda de energía siguen una línea tendencial (“no sufren cambios”), sin que se propongan las modificaciones regulatorias necesarias que deben acompañar las medidas; por ejemplo, el sistema de fijación de precios de la electricidad.

Igualmente, estima que “no es coherente” la propuesta que plantea que los sobrecostes que graban el recibo de la luz (deuda acumulada por el déficit de la tarifa o las antiguas primas a la renovables) se transfieran a los presupuestos generales del Estados, “pues esta opción debe estar acompañada de medidas de compensación y solidaridad” y, sobre todo, cuando, además, no se toca el actual “status quo” de las empresas energética, que siguen teniendo “ beneficios extraordinarios” (winfall profit).

Ribera apoya la idea de un incremento de la imposición fiscal sobre los vehículos diésel, pero echa en falta enfoques más amplios para modificar la fiscalidad ambiental globalmente: dar señales al mercado en la dirección correcta, medidas que incentiven inversiones limpias, u otras que las discriminen en función del uso intensivo en CO2; o que se exijan informes de transparencia sobre los impactos climáticos de determinadas inversiones empresariales…

Debate nuclear

Esta experta ve insuficiente el análisis sobre la energía nuclear, pues “no se hace una evaluación de los costes escandalosos” que tendrá cuando se traspase el período de sus 40 años de vida, incluido el desconocimiento de los incrementos de los gastos de gestión de sus residuos de larga actividad. También pide una implicación del ministro Cristóbal Montoro, para que la financiación autonómica y local incorpore todas estas nuevas consideraciones.

Su argumento es que “llevamos 25 años subvencionando las hipotecas de las viviendas”, y en realidad sería necesario dar un apoyo a la rehabilitación del parque de viviendas o a la innovación”. “Montoro no puede quedarse a la sombra”, sostiene. Teresa Ribera sostiene que la ministra Isabel Garcia Tejerina tampoco se ha mostrado muy activa en los campos en que hay una incidencia sobre el cambio climático (aguas, costas o biodiversidad).

¿Y el impuesto al sol?

Jordi Ortega, premio extraordinario con una tesis sobre transición energética y cambio climático por la Universidad Carlos III, discrepa con la idea de que el cierre de las centrales nucleares incrementaría el precio de la electricidad en un 20%. Y cita como ejemplo lo ocurrido los últimos año en Alemania. Además -dice- “la Comisión Europea consideraría un escándalo que se quiera convertir a España en exportador neto de electricidad a Francia al llevar parte de sus costes a los presupuestos, esto es, vendiendo electricidad con ayudas de estado o subvenciones”, expone. Añade que tampoco ve en el informe una verdadera apuesta para suprimir el impuesto al sol que penaliza ahora la producción del autoconsumo con energía fotovoltaica con una potencia de más de 10 kW.

Los trámites, explicados por el Ministerio de Medio Ambiente

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente defiende su acción en la elaboración de esta ley. Esgrime que el trabajo interno se inició el 7 de abril, con la constitución de un grupo de trabajo interministerial que integra los esfuerzos de todos los departamentos y asegura la coherencia de las actuaciones. En mayo del año pasado, se organizaron unas jornadas de alto nivel, que contaron con la participación de más de 400 expertos. “Las conclusiones de esa jornada sirvieron de base para lanzar un proceso de consulta pública en el mes de julio, que estuvo abierto durante casi tres meses, hasta el 10 de octubre”, indica la Oficina Española de Cambio Climático.

En el transcurso de esta consulta se recibieron más de 350 aportaciones de todos los sectores sociales. “Tras este proceso, se ha procedido al análisis de las aportaciones recibidas, se han identificado las grandes cuestiones que debe abordar la Ley y las distintas decisiones que es necesario adoptar en cada uno de los ámbitos”, se añade. “Próximamente contaremos con un primer borrador interno de anteproyecto de ley para poderlo presentar al grupo de trabajo interministerial y negociarlo con los partidos políticos”, abunda. A partir de entonces, las negociaciones políticas “llevarán el tiempo necesario para conseguir el mayor consenso que es el objetivo del gobierno con esta Ley!” Además, se deberán realizar los trámites preceptivos en la tramitación de una Ley previos a su remisión al Congreso de los Diputados, como el trámite de audiencia e información pública del texto y el Dictamen del Consejo de Estado.

Fuente: La Vanguardia