SALA DE PRENSA

Catalunya mantiene su plan para implantar el impuesto al CO2 de los coches en 2019

El gobierno catalán mantiene su previsión de implantar el año próximo el impuesto del CO2 a los coches, la medida estrella incorporada en la Llei de Canvi Climàtic aprobada en la pasada legislatura. Así lo dijeron fuentes del ejecutivo catalán tras la entrevista entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, y la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera.

La implantación del impuesto al CO2 de los coches se ve favorecida sobre todo por el hecho de que el Tribunal Constitucional levantó en su día el grueso de los artículos suspendidos cautelarmente a raíz del recurso interpuesto por el Gobierno del PP contra la ley catalana de cambio climático.

El gobierno catalán mantiene su previsión de implantar el año próximo el impuesto del CO2 a los coches, la medida estrella incorporada en la Llei de Canvi Climàtic aprobada en la pasada legislatura. Así lo dijeron fuentes del ejecutivo catalán tras la entrevista entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, y la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera.

La implantación del impuesto al CO2 de los coches se ve favorecida sobre todo por el hecho de que el Tribunal Constitucional levantó en su día el grueso de los artículos suspendidos cautelarmente a raíz del recurso interpuesto por el Gobierno del PP contra la ley catalana de cambio climático.

Al ser levantada esta suspensión cautelar, el gobierno catalán ya tenía el camino expedito para instaurar este impuesto.

La ministra Ribera confirmó ayer al conseller Damià Calvet que mantiene la intención inicial de retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, aunque advirtió que probablemente no se podrá retirar del recurso algunos puntos considerados por los abogados del Estado de competencia estatal.

“Hemos venido a pedir a la ministra la retirada del recurso y nos hemos encontrado con una reunión muy cordial, en que ha imperado el diálogo y la voluntad de ponernos de acuerdo, porque la lucha contra el cambio climático es una lucha común”, subrayó el conseller Calvet.

Sin embargo, hay recelos de los abogados del Estado hacia el impuesto catalán, que invocan que podría ser un caso de doble imposición.

Un elemento que facilita la creación del nuevo gravamen es, en cualquier caso, que la Dirección General de Tráfico ha proporcionado a la Generalitat la base de datos con las emisiones de CO2 de los diferentes modelos de coches, lo que permitirá instaurar el referido impuesto.

Es cierto que algunos modelos de coches antiguos no informan sobre las emisiones de CO2, aunque se estima que ésta es una cuestión subsanable con una estimación de las emisiones.

El gravamen que viene

El Govern quiere gravar los coches mediante un tributo gradual por tramos en función del nivel de CO2 de los vehículos. En una primera fase, a partir del 2019, se aplicaría a todos los vehículos con una emisión de 160 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que a partir del 2020 se extenderá a los coches que arrojen más de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

Con los nuevos recursos, se perseguiría nutrir un doble fondo (Fons Climàtic y Fons del Patrimoni Natural), con un montante total anual de entre 75 y 80 millones de euros.

El primero servirá para impulsar las políticas en favor de la energía limpia, mientras que el segundo debe servir para apoyar la protección de espacios naturales, infrafinanciada en Catalunya por recortes continuos.

Ligero cambio de opinión, matices

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acogió con entusiasmo en julio las noticias que adelantaban la decisión del Gobierno de retirar el recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, en la reunión con el conseller Damià Calvet indicó que, aunque se retirará el recurso respecto al grueso de los artículos, los abogados del Estado interpretan que otros artículos son de competencia estatal, por lo que continuará el análisis al respecto.

El impuesto catalán al CO2 a los coches es uno de los asuntos sobre los que los abogados el Estado muestran recelos (al interpretar que podría tratarse de un motivo de doble imposición fiscal, aunque el Estado no ha planteado instaurar un impuesto como éste para toda España). En estos momentos, el impuesto está siendo tratado en la comisión mixta económico-financiera Estado-Generalitat junto con otros asuntos de fiscalidad.

Los abogados del Estado también cuestionan otras competencias para la Generalitat, como la capacidad de ésta para denegar las autorizaciones sobre obtención de hidrocarburos con fractura hidráulica (fracking), la planificación del sistema eléctrico o las competencias sobre acreditación de ciertas entidades (que evalúan los derechos de emisión de las empresas).

Otros asuntos con divergencias

Por otra parte, la Generalitat reclama al Estado que los recursos procedentes del 0,7% del IRPF que van a las entidades ambientalistas también sirvan para financiar a las entidades catalanas, pues ahora solo van a ayudar a los grupos de carácter estatal.

Fuentes de la Administración catalana insisten en que hay diversas sentencias del TC que avalan la necesidad de que se dé una territorialización de esos fondos.

“La protección del medio ambiente es una competencia autonómica y por lo tanto Catalunya no puede financiar a las organizaciones estatales”, dijeron.

En el ámbito de las onegés de carácter social la territorización sí está resuelta (con un reparto 20% para los grupos estatales y 80% para las autonómicas).

Derechos de emisión

La Generalitat reclama también el reparto territorial de los ingresos que obtiene el Estado de las subastas de los derechos de emisión que pagan la gran industria por sus emisiones de CO2 (unos 400 millones al año). “Estos ingresos deben servir para las políticas para mitigación y adaptación al cambo climático, como por ejemplo el transporte público, la energía o la eficiencia; es decir, políticas que son competencia de las comunidades”, argumentaron fuentes de la Generalitat.

El pago de estos derechos de emisión sirve penalizar a las grandes empresas emisoras de CO2 y que contribuyen en gran medida al calentamiento (térmicas, cementaras, vidrio…), pero estos recursos escasamente van a la protección climática, sino que en gran parte vuelven para mantener el actual esquema de apoyo a las empresas eléctricas (primas…).

Fuente: La Vanguardia